Revista de Historia, Patrimonio, Arqueología y Antropología Americana  
http://rehpa.net/ojs/index.php/rehpa  
Año 2021, No. 4, Enero (50-65)  
ISSN: 2697-3553  
https://doi.org/10.5281/zenodo.4515101  
Justicia y conflicto de terrenos en la comunidad indígena de Ojúcamo,  
Amazonas, 2019  
Justice and land’s conflict in native community of Ojúcamo, Amazonas, 2019  
Esteban Landeras Sánchez1  
1Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Profesional de Antropología  
(
estebanlanderas17@gmail.com)  
ORCID 0000-0003-2180-457X  
Recibido: 9 noviembre 2020; Aceptado: 10 diciembre 2020; Publicado: 2 enero 2021  
Resumen  
La investigación tiene como objetivo analizar cómo se aplica la justicia en un conflicto de terrenos entre una  
comunidad indígena y campesinos migrantes. La comunidad indígena de Ojúcamo se encuentra en la Reserva  
Natural de Ojúcamo, en la Región de Amazonas. Este espacio está en constante disputa, además de ir perdiendo  
su calidad natural. La investigación es de diseño descriptivo, con una metodología cualitativa. Las técnicas fueron  
la entrevista no estructurada, la observación participante en sesiones de capacitación y situaciones dentro del  
conflicto, análisis de actas y leyes nacionales e interpretación teórica. Se concluyó que la justicia aplicada está  
basada en distintas leyes comunales y estatales, ya que las ventas de terreno y las invasiones hicieron que la  
posesión comunal de los nativos pase a fragmentarse y generar contradicciones en la aplicación de la justicia a  
través de la ley.  
Palabras clave: justicia intercultural, conflicto de terrenos, territorialidad, antropología jurídica.  
Abstract  
This research analyze how is the justice on land conflict, about indigenous community and migrant farmers. The  
Native Community of Ojúcamo is in Nature Reserve of Ojúcamo, in Region of Amazonas. In this space are tensions  
always, for that reason it was losing so many nature qualitive. This investigation has a descriptive design, with  
qualitive methodology. The techniques were deep interview, participant observation inside meetings and conflict  
situations, analysis of legal documents about de sales and invasion. So, the more relevant conclusion is about the  
native justice and individual holding laws, cause the land sales and invasion for many years, so this make  
contradiction into native holding and these rights.  
Keywords: intercultural justice, land’s conflict, territoriality, legal anthropology.  
INTRODUCCIÓN  
Los clásicos como Morgan y Maine explicaron que las relaciones entre las personas construían los tipos de  
gobiernos o estados de la sociedad. En una concepción evolucionista, las formas políticas se basaban en el tipo  
de relaciones que poseía el grupo en cuestión. En el caso de las sociedades ‘primitivas’, eran parcialmente de  
parentesco o sobre el territorio (Castro, 2014). Claro está que esta forma de ver a las sociedades trajo debates  
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sobre cómo definir a un pueblo con o sin estado. Durante la posguerra del siglo XX se reformuló esta cuestión  
ante las poblaciones que presentaban formas jurídicas de carácter costumbrista. Lo que se trató de entender era  
cómo una sociedad con derecho primitivo podría funcionar dentro del marco de un estado moderno. Ante ello,  
los esfuerzos de antropólogos jurídicos se orientaron en construir la idea de pueblo originario dentro de la teoría  
del derecho.  
Por lo tanto, el derecho consuetudinario es una forma de ver el derecho de las personas que no poseen un  
mecanismo de normar y aplicar sanciones con forma positiva. Este busca agrupar aquellas formas de hacer  
justicia y normar las relaciones sociales en base a las costumbres y/o tradiciones que poseen los grupos  
originarios. Los derechos consuetudinario y positivo pueden coexistir dentro de un mismo espacio, y esto  
significa una multitud de conflictos de carácter social, cultural y político.  
El derecho consuetudinario o costumbre jurídica está dentro de la estructura social de los grupos que lo aplican.  
No existe un apartado jurídico conformado por agentes e instituciones especiales y autónomas que interpretan  
las normativas. Los propios miembros de la sociedad tradicional no pueden diferenciar entre una costumbre y  
una norma, así como tampoco los antropólogos jurídicos. Por lo tanto, el derecho se puede definir como un  
conjunto de normas y sanciones de origen estatal o “tradicional”, escritas o no escritas. Este derecho está  
codificado en la realidad social a través de un ordenamiento jurídico representado por los sujetos (Terradas,  
2014)  
El derecho indígena está dentro del derecho consuetudinario porque se presenta como un cuerpo normativo  
basado en las relaciones de individuos originarios de un territorio en particular. Ahora, el término indígena podría  
conllevar a una explicación sumamente compleja que en nada ayudaría en el desarrollo de esta investigación;  
por lo tanto, tan solo diremos que los indígenas son individuos que se auto perciben y autodefinen dentro de un  
grupo cultural originario, ellos presentan costumbres y tradiciones que forman una estructura social basada en  
el vínculo territorial, la gestión de recursos tradicional y economía ciertamente colectiva (Plant & Hvalkof, 2006).  
Entonces, el derecho indígena aplica a aquellos “pueblos y personas indígenas que tienen derecho a pertenecer  
a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación  
de que se trate” (Art.9 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,  
citado en Castro, 2014).  
Para Sánchez (2014), las relaciones que mantienen los sujetos dentro de la estructura social sostienen a la  
realidad social y desarrollan las personalidades y pensamientos que se aplican para entender el mundo que los  
rodea. Por lo tanto, sus expectativas sobre el futuro se generan en base a los hechos que se desenvuelven  
sincrónicamente. Cabe mencionar que la definición que se le atribuye a la identidad indígena es la de  
“constructivista”, dado que se “afirma que la identidad no es definida objetivamente, sino que es construida por  
los individuos, o incluso “relacional”, ya que ella aparece al ocurrir relaciones sociales” (Grammond, 2014. p.315).  
Hoy en día, los distintos movimientos indígenas (los maya, los achuar, los wampis, los awajún, entre otros) han  
constituido sus gobiernos territoriales a través de este principio regulador, creando fronteras geográficas por la  
definición de identidad territorial, o también gestiones sociales de recursos en base a tradiciones adaptadas a la  
contemporaneidad. Sin embargo, ello no quita que los problemas de conflictos de territorio y prácticas  
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contraproducentes (por ejemplo, la ganadería depredadora o el cultivo de cacao indiscriminado) sean parte de  
aquella forma de adaptar una identidad al mercado global y los estados modernos plurinacionales. Por ello, es  
necesario aclarar que las poblaciones indígenas contemporáneas manejan sistemas de derecho consuetudinario  
(basado en la noción de colectivos territoriales e igualdad) para formar reglamentos de convivencia y afrontan  
las problemáticas territoriales o de desarrollo político.  
Dentro del derecho indígena los principios para regular jurídica y tradicionalmente la identidad se basan en el  
derecho igualitario formal y substancial. El primero busca establecer el principio de igualdad dentro de la  
formación de las normas, mientras el segundo recoge la particularidad de cada situación para que dicha norma  
sea adaptada. Vemos que en el Perú la mayoría de normativa indígena es formalista, porque se busca atribuir  
reconocimiento a todas las poblaciones indígenas como originarias; sin embargo, substancialmente se presenta  
muchos retos los cuales nos indican que es importante entender bien cómo aplica el derecho consuetudinario  
tanto en los gobiernos territoriales como en las situaciones dentro de la comunidad (Grammond, 2014).  
Territorialidad indígena y conflictos de propiedad  
La prescripción más común sobre los territorios indígenas es que son inalienables, imprescriptibles e  
inembargables. Por lo tanto, esta disposición referente a la noción de propiedad de los indígenas les atribuye  
derechos y sus límites sobre otras territorialidades. En otras palabras, obliga a los grupos indígenas a crear una  
consciencia del mundo y su configuración territorial. Las sociedades precoloniales o en aislamiento voluntario  
dentro de los tiempos modernos del siglo XX, consideraban que el terreno es un concepto abstracto, universal y  
sagrado; en los últimos tiempos, los nuevos gobiernos indígenas entienden que ante la coyuntura nacional deben  
generar un cierto raciocinio acoplado a la “función social de la propiedad”, el cual indica que el Estado  
redistribuye de acuerdo con las exigencias sociales y económicas el territorio.  
El derecho indígena, en su defecto, podrá aplicar en los territorios indígenas reconocidos por la constitución. Así,  
los indígenas caen en conflictos territoriales todo el tiempo, debido a que el reduccionismo territorial abarcado  
por una constitución de derecho positivo mantiene esa forma de ver la comunidad indígena: reducida y con  
disposición de servir a los intereses de todos los peruanos. Debido a ello, Plant y Hvalkof (2006) consideran al  
derecho territorial del indígena como una “ficción legal”, sin embargo, el derecho real de propiedad en general  
dentro de la normativa peruana podría fácilmente llevarse aquella definición.  
Entonces, los conflictos de territorios podrían definirse como aquellas situaciones en donde se enfrentan dos o  
más actores que perciben objetivos incompatibles sobre el terreno que dicen poseer. Así, se forma una  
multiplicidad de tensiones territoriales dentro de un territorio plurinacional. Dentro de ellos, se encuentra aquel  
que representa la conflictividad entre grupos indígenas y grupos de campesinado. Por ejemplo, los territorios de  
indígenas nativos de la selva alta al norte del país se enfrentan a comunidades de colonos que han formado un  
derecho colectivo en base a la costumbre de compartir objetivos de supervivencia (Chirif & García, 2007).  
Así pues, si nos concentramos en la región selva del Perú, vemos cómo la titulación presenta un gran desafío  
ante la multiplicidad de actores, quienes buscan posicionarse en la institución de la propiedad ante el Estado. Las  
leyes respecto a la propiedad rural en esta zona deben aplicarse de tal forma que permita la interacción de grupos  
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indígenas, comunidades campesinas que migraron de la sierra, empresas privadas y pequeños centros urbanos.  
Ante ello, la perspectiva de la normativa es dar los mecanismos para que cada sujeto accione según sus intereses  
sobre la posesión. Sin embargo, desde hace mucho tiempo es evidente la inclinación hacia las empresas que  
buscan posicionarse como actores con objetivos compartidos al “interés nacional”, además de los suyos por  
supuesto. En este objetivo compartido por asegurar la propiedad sobre el territorio, encontraremos distintos  
conflictos en diferentes magnitudes (García, 2004).  
Justicia Intercultural  
La justicia detenta a los individuos como agentes especiales o integrantes de una comunidad los principios y  
procedimientos rectores para ordenar la vida social. Es así como en culturas específicas toma forma al  
concretarse en modos particulares asentados en referentes y en valores diversos. La justicia sobre el  
reconocimiento de indígenas, por ejemplo, utiliza principios igualitarios ya sea de naturaleza formalista o  
substancial. Sin embargo, es también importante definir que, ante un conflicto, la variable justicia es la aplicación  
de la normativa o valor de la costumbre para llevar a este a la fase de resolución (Terradas, 2014).  
Justicia intercultural se podría definir como el método de aplicar justicia en un escenario donde se reconoce  
sistemas culturales distintos. Pero el término justicia no solo es aquel castigo al crimen dado en una determinada  
situación. Justicia tiene distintos enfoques que aparecen sobre las dimensiones de la sociedad. Los más conocidos  
son la justicia procesal y retributiva, las cuales se aplican con la privación de la libertad, quitar un bien, apartarla  
de una categoría, privarle de un beneficio, entre otros. Sin embargo, existen también justicia distributiva, justicia  
restaurativa y justicia social; aquellas dadas en situaciones de colectividad, compresión y cohesión; estos  
enfoques se pueden observar en las políticas sociales, en medios de conciliación, movimientos sociales de  
reivindicación, formas de protesta social y más.  
Problema de investigación  
El conflicto de terrenos se desarrolla en las zonas altas de la selva peruana, exactamente en el distrito de  
Aramango, provincia de Bagua, región de Amazonas. Este distrito presenta una gran cantidad de comunidades  
indígenas awajún o aguarunas, pueblos en jurisdicción estatal, grupo de campesinos migrantes de la sierra  
(llamados colonos) y campamentos de la petrolera PETROPERU.  
En el distrito de Aramango se encuentra la Comunidad de la Reserva de Ojúcamo, o también conocida como la  
Comunidad Indígena de Ojúcamo. En ella habitan indígenas awajún y “colonos” incorporados por alianza de  
parentesco (casados o convivientes). A la vez, se presentan familias de otros colonos agrupados por una  
asociación evangélica-campesina. Ambos colectivos se encuentran dispersos por la Reserva Natural de Ojúcamo  
(aprox. 300 ha), confundiéndose los límites territoriales de ambas partes. Estos mantienen un conflicto que data  
de principios del siglo XXI, debido a la creciente reivindicación de la posesión sobre el terreno parcial o total de  
los actores.  
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